El Censo realizado recientemente por el Ministerio de Función Pública y Reforma Administrativa ha revelado una cifra preocupante: 2.247 funcionarios públicos se encuentran «en paradero desconocido».
Este hallazgo no solo evidencia graves irregularidades administrativas, sino que plantea una pregunta crítica: ¿quién está cobrando las nóminas de estos supuestos empleados?
El ministro Cándido Muatetema Baita, al presentar los resultados del censo, destacó que el proceso se diseñó para identificar a los funcionarios activos, contratados y eventuales, así como para mejorar sus condiciones laborales. Sin embargo, la detección de estas irregularidades abre un nuevo frente en la lucha contra el mal manejo de los recursos públicos.
«Hemos aprovechado este censo para identificar las necesidades reales de los funcionarios y mejorar áreas como transporte, acceso a las nuevas tecnologías y seguridad social», explicó el ministro. Pero más allá de estas medidas, es crucial que las autoridades investiguen quiénes están percibiendo los salarios de estos «funcionarios desaparecidos» y si estos pagos están siendo desviados deliberadamente.
Se ha sugerido que el Gobierno persiga los registros de pago y las cuentas bancarias asociadas a estas nóminas. Este seguimiento podría destapar a los verdaderos beneficiarios y arrojar luz sobre una posible trama de corrupción destinada al desvío de fondos públicos. Si bien el ministro ha hablado de sanciones para los funcionarios ausentes, no ha aclarado cómo se investigará el destino final de esos recursos.
La posible existencia de «puestos fantasmas» administrados desde las altas esferas del poder pone en duda la integridad del sistema. Este esquema permitiría a ciertos actores influyentes cobrar nóminas de empleados inexistentes, dejando un rastro de pérdidas millonarias para el Estado.
Desde BNN ÁFRICA, instamos a las autoridades a que implementen controles más rigurosos, como la verificación biométrica de los pagos y una auditoría completa de las nóminas del sector público. Perseguir a los beneficiarios de estos salarios podría ser el primer paso para desmontar un sistema de desfalco que, de confirmarse, afectaría gravemente a la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
La pregunta es clara: ¿estamos ante un error administrativo o ante una estrategia de enriquecimiento ilícito orquestada por quienes deberían proteger los recursos del Estado? BNN ÁFRICA seguirá investigando.
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