Guinea Ecuatorial defendió este lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) su soberanía en base a su secesión de España en 1968 sobre tres islas potencialmente ricas en petróleo, en la bahía de Corisco, en África Occidental, y denunció como “fáctica y jurídicamente insostenible” la reclamación de Gabón sobre el territorio.
La CIJ inició hoy en La Haya las audiencias públicas sobre esta disputa territorial originada en los setenta: Gabón y Guinea Ecuatorial reclaman la soberanía sobre tres islas situadas en aguas aparentemente ricas en petróleo: Mbañe, de unas 30 hectáreas, y los islotes de Conga y Cocoteros.
Ambos Estados de África Occidental acordaron en 2016 llevar el caso ante este tribunal de Naciones Unidas, en busca de una solución amistosa.
En su discurso ante los jueces de la ONU, Domingo Mba Esono, ministro delegado de Hidrocarburos y Desarrollo Minero de Guinea Ecuatorial, aseguró que su país comparece ante la CIJ con un “espíritu de amistad” hacia Gabón y “con el deseo de fortalecer la relación bilateral basada en el respeto mutuo, la buena vecindad y el imperio de la ley”.
Malabo defiende la aplicabilidad del Tratado de París, firmado en 1900 entre Francia y España para definir las fronteras entre sus respectivas colonias, Gabón y Guinea Ecuatorial respectivamente. Pero Gabón asegura que existe un tratado posterior, denominado Convención de Bata de 1974, que le otorga la soberanía sobre las islas en cuestión.
Malabo niega la validez de ese documento. Esono alertó de que la posición de Gabón es “fáctica y jurídicamente insostenible” y la titularidad aplicable corresponde a Guinea Ecuatorial sobre la base de los acuerdos que existían en el momento de su secesión de España en 1968, que, subraya, evidencian que “Gabón, y Francia antes de Gabón, jamás tuvieron título sobre estas islas”.
Gabón no ha ofrecido nada que refute la extensa evidencia aportada por Guinea Ecuatorial. En su lugar, haciendo caso omiso a las pruebas irrefutables presentadas por mi país, Gabón continúa invocando el documento no autenticado de 2003 como título jurídico dominante sobre, entre otros, el territorio y las islas que Gabón arrebató por la fuerza a Guinea Ecuatorial en 1972”, resumió el ministro en su intervención.
El caso llegó a manos de la CIJ en marzo de 2021, pero la disputa surgió ya en 1972, doce años después de la independencia de Gabón y cuatro después de la de Guinea Ecuatorial. “Aquel año, Gabón, por primera vez, cambió de posición y reivindicó la isla de Mbañe en la Bahía de Corisco.
En agosto de 1972, Gabón, haciendo uso de la fuerza, invadió este territorio bajo soberanía ecuatoguineana, ocupándolo ilegalmente desde entonces”, condenó Esono.
A lo largo de estos años, ambos países concedieron licencias de exploración y explotación petrolera en la bahía de Corisco, y tuvieron numerosos encuentros para resolver la disputa de forma diplomática.
En mayo de 2003, en una de esas reuniones, Gabón invocó “repentinamente y por primera vez lo que afirmaba era una ‘convención de demarcación de las fronteras terrestres y marítimas de Guinea Ecuatorial y Gabón firmada en Bata el 12 de septiembre de 1974’”, un documento que Malabo asegura que “tomó totalmente por sorpresa” a su delegación.
“Ninguno de ellos había visto ni oído hablar de ese supuesto convenio. Además, el documento presentado no era un original, sino tan solo una fotocopia no autenticada. Los representantes ecuatoguineanos solicitaron a Gabón que presentara los documentos originales en español y francés del documento, y Gabón respondió que no disponía del original”, explicó Esono.
Malabo cuestiona la legitimidad de este documento y pidió ver “una versión original y autenticada” del mismo. “Desde entonces, y ya han pasado más de 20 años, Gabón no ha presentado nada. La insistencia de Gabón acerca de este documento impidió que las partes alcanzaran un acuerdo”, lamentó.
La CIJ deberá determinar qué documentos legales y convenios son realmente los válidos en este caso, más allá de quién tiene soberanía sobre las islas disputadas. El miércoles Gabón tendrá el turno de la palabra, pero el falló tardará aún varios meses.
EFE