La República de las Islas Marshall ha presentado una demanda contra Guinea Ecuatorial ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), con sede en Hamburgo (Alemania), por la detención que califica de “ilegal” del buque Heroic Idun, registrado bajo su pabellón.
El litigio, oficialmente denominado “The M/T Heroic Idun (No. 2) Case”, examina los acontecimientos ocurridos en agosto de 2022, cuando la patrullera ecuatoguineana Capitán David interceptó al Heroic Idun en aguas próximas a Santo Tomé y Príncipe, ordenando su traslado al puerto de Luba, en la isla de Bioko. El navío, de bandera marshalés, y su tripulación de 26 personas quedaron retenidos durante semanas bajo custodia de las autoridades ecuatoguineanas.
Según la representación legal de las Islas Marshall, Guinea Ecuatorial habría violado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) al ejercer jurisdicción fuera de sus aguas territoriales, detener a la tripulación sin base legal clara y transferir posteriormente el caso a Nigeria, “evadiendo así su responsabilidad directa”.
Tras un intento inicial de obtener la liberación inmediata del buque, presentado en noviembre de 2022, el caso evolucionó hacia un procedimiento más amplio de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención del Mar, lo que llevó a la creación de una Cámara Especial del ITLOS compuesta por cinco jueces internacionales.
Las audiencias orales comenzaron el 6 de octubre de 2025 en Hamburgo. Durante los tres primeros días, las Islas Marshall expusieron sus argumentos, centrados en la defensa de los derechos del Estado del pabellón y la protección de la tripulación. A partir del 9 de octubre, Guinea Ecuatorial asumió su turno de palabra para rebatir las acusaciones, defendiendo la legalidad de su actuación y su competencia soberana en materia de seguridad marítima.
El embajador Carmelo Nvono-Ncá, agente del Estado ecuatoguineano ante el tribunal, encabeza la delegación de defensa junto al consejero de Estado Juan Olo Mba Nseng, quienes han insistido en que “Guinea Ecuatorial actuó conforme al derecho internacional y en coordinación con las autoridades nigerianas ante una sospecha fundada de operaciones ilícitas en la región del Golfo de Guinea”.
El caso, que continúa su curso esta semana, plantea cuestiones complejas sobre jurisdicción marítima, seguridad energética y derechos humanos de las tripulaciones. Expertos en derecho internacional consideran que el fallo del tribunal podría marcar un precedente sobre los límites de actuación de los estados costeros y el alcance de las responsabilidades cuando un buque con bandera extranjera es interceptado fuera de las aguas jurisdiccionales.
La sentencia final del ITLOS se espera para los próximos meses, una vez concluidas las rondas de alegatos y contrarréplicas.
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