La jueza María Tardón, que sustituye como instructora del caso Villarejo a su compañero Manuel García Castellón, que se ha jubilado, ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de prorrogar la causa seis meses para que la abogada que defendió en una pericial que el cobro de «comisiones» no es delito en Guinea Ecuatorial, explique esta conclusión en la Audiencia Nacional, según especifica un auto de 16 de septiembre, al que ha tenido acceso este diario.
El ex director general de la empresa petrolera del país africano (Gepetrol) Cándido Nsué Okomo presentó el pasado 21 de julio en el Juzgado Central de Instrucción número 6 un dictamen jurídico con el que pretende convencer a la jueza de que los pagos por los que permanece imputado en una pieza separada del caso Villarejo en realidad no son comisiones ilegales.
«La pericial presentada no adjunta normativa alguna, no es ya que no se aporte testimoniada por las autoridades de Guinea Ecuatorial, o que se haya extraído como simple referenciada a su publicación en algún diario oficial, sino que directamente no se adjunta texto normativo alguno», indica la jueza en la resolución, que asume «los argumentos esgrimidos por el Ministerio Fiscal» que comparte «plenamente» la instructora, que también acuerda la citación de los investigados.
«Comisión o bonus»
De forma literal, la pericial aportada por el cuñado del dictador de la excolonia española sostiene que, «con la finalidad de mejorar la calidad de vida y la participación de ecuatoguineanos en el capital de las empresas extranjeras», el Gobierno de Malabo aprobó en 2018 un decreto, que establece que las empresas extranjeras que se instalen en el país en virtud de un contrato de obras públicas, concertarán con los nacionales acuerdos de participación de los beneficios en los mercados e inversiones públicas que realizan en el país mediante el establecimiento de un coeficiente nacional (comisión o bonus) que oscila entre el 5% y el 10% sobre los beneficios netos«.
La jueza Tardón, prosigue en el auto, con la intención de permitir que la perito defienda sus conclusiones en la Audiencia Nacional, acuerda revocar «el cierre de la instrucción» y prorrogar la causa «a efectos de acordar la citada ratificación pericial«.
No obstante, la magistrada recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo destaca que «la mera invocación del derecho extranjero no basta para su aplicación, sino que es preciso acreditarlo. En efecto, los jueces españoles no tienen obligación de conocer el Derecho extranjero por lo que debe ser objeto de alegación y prueba, siendo necesario acreditar no sólo la exacta entidad del Derecho vigente, sino también su alcance y autorizada interpretación».
Comisario Villarejo
El cuñado de Obiang Cándido Nsué Okomo reconoció en una declaración celebrada en la Audiencia Nacional que el comisario jubilado José Manuel Villarejo recibió 5,3 millones de euros para que desplegara una supuesta «campaña» de apoyo al presidente del país africano y su régimen. El sumario concluye, por el contrario, que en concreto pretendían favorecer a Teodoro Nguema Obiang, conocido como Teodorín, que es primogénito del mandatario guineano.
Noticia redactada y publicada por El periódico de España