Martinez Hermanos, una prominente cadena de supermercados en Guinea Ecuatorial, se enfrenta a una ola de críticas por prácticas empresariales profundamente cuestionables. La reciente venta de productos caducados, como el arroz de mala calidad, ha puesto en riesgo la salud de los consumidores, llevando al dueño a ofrecer una disculpa pública al Vicepresidente de la República. Sin embargo, este acto de contrición parece insuficiente ante la magnitud de las irregularidades cometidas.
La venta de productos en mal estado no es un incidente aislado, sino parte de un patrón preocupante en la gestión de la empresa. La calidad deficiente de los productos vendidos por Martinez Hermanos no solo pone en peligro la salud pública, sino que también refleja una falta de responsabilidad y ética empresarial. La disculpa pública del dueño, aunque importante, no puede reparar el daño hecho ni restaurar la confianza perdida entre los consumidores.
A esto se suma el problema de las condiciones laborales dentro de la empresa. Los empleados de Martinez Hermanos perciben salarios que no les permiten cubrir las necesidades básicas, especialmente en una ciudad como Malabo, donde el coste de vida es elevado. La empresa ha sido criticada por fomentar la precariedad laboral al ofrecer empleos sin contrato ni seguros a jóvenes desesperados por encontrar trabajo. Estos empleados, sometidos a jornadas extenuantes en la descarga de mercancías, enfrentan riesgos laborales sin la protección adecuada, lo que perpetúa una cultura de explotación y contribuye a la economía sumergida.
La situación se torna aún más indignante cuando se compara con otros casos de injusticia en el país. En Annobón, ciudadanos que han protestado contra la explotación minera han enfrentado severas consecuencias, mientras que aquellos que atentan contra la salud pública con prácticas comerciales irresponsables parecen salir impunes con un simple “perdón” formal. Esta disparidad en el tratamiento de las violaciones de derechos y leyes revela una falta de equidad en la aplicación de la justicia en Guinea Ecuatorial.
Es imperativo que la Fiscalía del Estado, el Defensor del Pueblo y la sociedad civil intervengan de manera decisiva. La responsabilidad de Martinez Hermanos no puede limitarse a una disculpa pública; debe enfrentar las consecuencias legales y sociales de sus actos. La protección de los derechos de los consumidores y de los empleados debe ser prioritaria, y las autoridades deben asegurar que se tomen medidas adecuadas para evitar futuras infracciones.
El pueblo de Guinea Ecuatorial merece ser tratado con respeto y justicia. Exigimos que se investigue a fondo la conducta de MartineZ Hermanos y que se apliquen sanciones apropiadas para garantizar que tales prácticas irresponsables no se repitan. La justicia no debe ser selectiva, y todos los ciudadanos tienen derecho a un entorno empresarial que respete tanto la salud pública como los derechos laborales. La sociedad civil y las instituciones deben alzar la voz y actuar con firmeza para asegurar un entorno de equidad y responsabilidad en el país.