En Guinea Ecuatorial, la justicia ha vuelto a pronunciarse sobre uno de los apellidos más intocables del país: Obiang. Esta vez, el protagonista es Ruslán Obiang Nsue, hijo del presidente Teodoro Obiang Nguema y ex subdirector de la aerolínea nacional Ceiba Intercontinental, condenado por vender un avión de la compañía y apropiarse del dinero.
El tribunal lo declaró culpable de abuso de bienes de interés general, imponiéndole seis años y un día de prisión. Pero atención: la pena queda suspendida si paga una multa de cinco millones de francos CFA (más de 7.600 euros) y devuelve lo que se embolsó irregularmente, en total unos 220.000 euros más indemnizaciones. En resumen: si paga, no pisa la cárcel.
La pregunta es inevitable: ¿veremos realmente a Ruslán en las celdas de Black Beach, esa prisión símbolo del terror y la represión en Malabo? ¿O todo esto es un montaje jurídico para blanquear una imagen de “lucha contra la corrupción” sin tocar la línea roja de la familia presidencial?
Porque lo cierto es que la justicia ecuatoguineana, bajo control del régimen, absolvió a Ruslán de los cargos más graves: malversación de fondos públicos y abuso de poder. Una absolución que deja sabor a impunidad y que refuerza la idea de que en Guinea Ecuatorial la ley castiga con fuerza a los débiles, pero con guantes de seda a los poderosos.
Los hechos, sin embargo, son claros. En 2018, el avión ATR-72-500 de Ceiba fue enviado a Canarias para mantenimiento con la empresa española Binter. Poco después, Ruslán lo vendió en secreto, desviando los fondos a su cuenta personal, como confesó la propia abogada de Ceiba, Raquel Teresa Seron. Más aún, el gobierno reveló que 700.000 euros destinados a la reparación del aparato desaparecieron misteriosamente, siguiendo un rastro que lleva hasta Malasia y Miami.
El propio vicepresidente y hermanastro del acusado, Teodoro Nguema Obiang Mangue (“Teodorín”), ordenó su arresto y destitución en enero de 2023. Pero, visto lo visto, ese gesto más que un acto de justicia, parece un ajuste de cuentas familiar y un intento de enviar un mensaje de control interno.
En este caso, el veredicto es tan revelador como el delito: el hijo del presidente puede robar, confesar y salir absuelto de lo más grave, siempre que pague una multa ridícula comparada con lo saqueado.
Mientras tanto, Guinea Ecuatorial sigue cargando con el lastre de ser considerado uno de los países más corruptos y represivos del planeta. Un país donde un clan familiar gobierna desde 1979 y donde, a ojos de muchos ciudadanos, la justicia no es más que un teatro para consumo interno y externo.
La incógnita queda en el aire: ¿tendremos alguna vez la imagen histórica de un Obiang entrando en Black Beach por corrupción? ¿O seguiremos asistiendo a farsas judiciales diseñadas para salvar la fachada sin tocar el fondo del problema?
Por ahora, la respuesta parece obvia: en Guinea Ecuatorial la justicia es fuerte con los débiles y débil con los poderosos.
BNN ÁFRICA
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