Pablo Iglesias, en la Asamblea fundacional de Podemos. || Marta Jara
La Audiencia Nacional ha ordenado reabrir la imputación de un agente antidroga que participó en las investigaciones policiales vinculadas al llamado “montaje de la cocaína”, un operativo que tuvo como objetivo a miembros de Podemos y, en particular, a su entonces líder, Pablo Iglesias.
La Sala de lo Penal revoca así la decisión del juez Santiago Pedraz, quien había retirado la condición de investigado al agente, y le insta a reincorporarlo a la causa.
Según la resolución judicial, el agente accedió a bases de datos reservadas del Ministerio del Interior para rastrear información sobre Iglesias y otros dirigentes de Podemos, bajo el pretexto de una supuesta investigación sobre Miguel Urbán, también miembro de la formación.
La Audiencia considera insuficiente la justificación del policía, quien alegó que examinar el entorno familiar y social de los investigados era una práctica habitual. Los magistrados estiman necesario aclarar si esa actuación fue un intento de encubrir un seguimiento político irregular.
El tribunal también ha ordenado a Pedraz incorporar al sumario los documentos completos de la Fiscalía Antidroga relativos a las diligencias sobre Urbán. Entre ellos figura el testimonio de un confidente, un camarero del pub “Nueva Visión” en Malasaña, que acusó falsamente al eurodiputado de vender cocaína y financiar a Podemos con el dinero del narcotráfico.
Dichas informaciones se vinculan con maniobras de la denominada “brigada política” del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular, en las que también aparece el comisario José Luis Olivera, procesado en la trama de espionaje a Luis Bárcenas.
Las pesquisas se remontan a los años 2015 y 2016, en un contexto de fuerte tensión política ante la posibilidad de que Podemos superase al PSOE en las elecciones generales. Aquella coyuntura coincidió con el auge de operaciones policiales y campañas mediáticas destinadas a desprestigiar a la formación morada.
Aunque la investigación contra Urbán fue archivada por falta de pruebas, la Audiencia Nacional entiende que los documentos omitidos son relevantes para esclarecer las actuaciones internas de la Policía y la posible utilización de recursos públicos con fines políticos. De confirmarse esas irregularidades, se reforzaría la tesis de que existió una estructura institucional dedicada a la llamada “guerra sucia” contra Podemos.
La decisión judicial supone un nuevo impulso para una de las causas más sensibles del panorama político español, que podría reabrir el debate sobre el uso partidista de los cuerpos de seguridad del Estado y la responsabilidad de antiguos mandos policiales en las campañas de descrédito contra dirigentes de izquierdas.
BNN ÁFRICA || elDiario.es
About The Author
