Documentos revisados por BNN África muestran una operación de compraventa iniciada en 2013, un compromiso de devolución, una sentencia firme y una orden judicial de embargo. La acusación específica contra Isabel Eraul Ivina procede del testimonio público del denunciante.

MALABO — Lo que comenzó en 2013 como la compraventa de un terreno en Bigatana terminó convirtiéndose en un litigio que, más de una década después, continúa abierto en la versión de una de las partes. La documentación aportada a BNN África permite reconstruir una secuencia de pagos, actuaciones administrativas, resoluciones judiciales y diligencias de ejecución que culminaron en una sentencia firme contra Arsenio Eraul Ivina.

Pese a esas resoluciones, Patricio Meñe Micha Abeme sostiene que todavía no ha obtenido el cumplimiento íntegro de lo ordenado por la Justicia. En una denuncia pública, acusa a Isabel Eraul Ivina, hermana de Arsenio, de haber intervenido para frenar o retrasar la ejecución. Los documentos examinados respaldan la existencia de la deuda, el procedimiento judicial y las medidas de ejecución; no acreditan, por sí solos, la supuesta intervención de Isabel.

De una compraventa a un conflicto formal

El primer documento relevante está fechado el 1 de abril de 2013. Se trata de un recibo en el que consta que Arsenio Eraul Ivina recibió de Patricio Meñe Micha Abeme 1.500.000 francos CFA como parte del precio de un terreno de 500 metros cuadrados en Bigatana. El precio total se fijó en 2.500.000 francos CFA, con un millón pendiente de pago.

El expediente incluye además varios escritos manuscritos que recogen nuevas entregas de dinero relacionadas con la misma operación. En conjunto, la documentación muestra que no se trató de un acuerdo exclusivamente verbal, sino de una relación económica respaldada por recibos y reconocimientos escritos.

En agosto de 2016, la Delegación de Gobierno del Distrito Urbano Número III de Malabo dejó constancia de la existencia de una disputa sobre terrenos situados en la zona de Vigatana y ordenó paralizar determinadas actuaciones mientras se analizaba el conflicto.

Tres meses después, el 9 de noviembre de 2016, la misma Delegación emitió un documento titulado “Compromiso Legal”. En él se hace constar que Arsenio Eraul Evina y su familia se comprometían a devolver a Patricio Meñe 2.500.000 francos CFA, con el 15 de diciembre de ese año como fecha de referencia para la restitución.

Ese documento marca un punto clave: antes de que el asunto llegara a los tribunales, ya existía un reconocimiento escrito de la obligación de devolver el dinero.

La sentencia de 2020

El conflicto terminó ante el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Malabo-Bioko Norte. La documentación judicial recoge la Sentencia 34/2020, dictada en julio de 2020 en un procedimiento de reclamación de cantidad por incumplimiento contractual promovido en nombre de Patricio Meñe Micha Abeme contra Arsenio Eraul Ivina.

Según el contenido reproducido posteriormente en el Auto 340/2020, la demanda fue estimada parcialmente y Arsenio Eraul Ivina fue condenado al pago de 2.600.000 francos CFA de principal, además de cantidades adicionales por intereses, daños, costas y honorarios. La propia resolución posterior señala que la sentencia devino firme.

El 8 de septiembre de 2020, el mismo juzgado dictó el Auto 340/2020, que ordenó ejecutar la sentencia y actuar sobre los bienes del demandado hasta cubrir una cuantía total de 4.056.000 francos CFA.

La resolución es expresa: dispone el embargo de bienes del ejecutado en cantidad suficiente para cubrir la deuda y prevé recabar información patrimonial del Registro de la Propiedad y Mercantil.

Desde ese momento, la controversia ya no giraba únicamente en torno a la existencia de una deuda. Había una sentencia firme y una orden judicial para hacerla efectiva.

El embargo siguió requiriendo nuevas actuaciones

La documentación posterior muestra que la ejecución no se cerró de forma inmediata.

El 11 de febrero de 2021, la letrada Elisa Belén Avomo Ochaga, en representación de Patricio Meñe Micha Abeme, solicitó el embargo de una vivienda atribuida a Arsenio Eraul Ivina en Ela Nguema. El escrito señala que el demandado había sido requerido de pago sin que, según la representación del ejecutante, la condena hubiera sido satisfecha.

En abril de 2022, una diligencia judicial dejó constancia de que Patricio consignó 150.000 francos CFA para sufragar una comisión judicial vinculada a la ejecución. Meses después, una comunicación del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Malabo volvió a referirse a la realización de actuaciones destinadas a embargar bienes de Arsenio Eraul Ivina para cubrir la deuda.

La secuencia revela que, al menos hasta 2022, la parte vencedora continuaba promoviendo diligencias para convertir la sentencia en un cobro efectivo.

La acusación contra Isabel Eraul Ivina

Es aquí donde la documentación y la denuncia pública de Patricio deben distinguirse con precisión.

“¿Es verdad el dicho de que nadie está por encima de la justicia y de la ley?”, preguntó durante su denuncia pública.

La documentación revisada por BNN África sí permite acreditar la existencia de la operación, el conflicto administrativo, la sentencia firme, el auto de ejecución y las posteriores actuaciones de embargo. Sin embargo, en los documentos examinados no aparece una prueba directa que permita atribuir a Isabel Eraul Ivina la paralización de esas medidas. Esa acusación corresponde, hasta ahora, al testimonio de Patricio.

La cuestión que sigue sin respuesta

El núcleo de esta investigación no está en si existió una reclamación judicial: los documentos muestran que existió, que produjo una sentencia firme y que el juzgado ordenó su ejecución.

La pregunta pendiente es otra: ¿por qué una resolución firme de 2020 continuó generando actuaciones de ejecución años después y qué ocurrió finalmente con los bienes que debían responder de la deuda?

Patricio sitúa en ese intervalo sus acusaciones de interferencias externas. Determinar si esas interferencias existieron, quién pudo promoverlas y si tuvieron efectos concretos sobre el procedimiento requiere documentación adicional o una explicación de las autoridades y de las personas señaladas.

El denunciante ha pedido la intervención del presidente de la República, el vicepresidente, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo, con el objetivo de que se garantice el cumplimiento de las resoluciones judiciales y se esclarezca cualquier posible actuación ajena al procedimiento.

Lo que permiten establecer los documentos

  • En 2013 existió una operación de compraventa de terreno respaldada por recibos y entregas de dinero.
  • En 2016 la Administración dejó constancia de un conflicto sobre esos terrenos y posteriormente se formalizó un compromiso de devolución de 2.500.000 francos CFA.
  • En 2020 recayó una sentencia favorable a Patricio Meñe Micha Abeme que posteriormente devino firme.
  • El Auto 340/2020 ordenó ejecutar la sentencia y embargar bienes por una cuantía de 4.056.000 francos CFA.
  • En 2021 se solicitó el embargo de una vivienda del demandado.
  • En 2022 continuaron las diligencias destinadas a hacer efectiva la ejecución.

La documentación, por tanto, confirma que la controversia judicial y la obligación de pago están respaldadas por una cadena de documentos administrativos y resoluciones judiciales. La acusación concreta contra Isabel Eraul Ivina permanece, en este momento, como una afirmación del denunciante que debe ser contrastada con su versión y con cualquier documentación adicional que pueda existir.

BNN África mantiene abierto el derecho de réplica de Isabel Eraul Ivina, Arsenio Eraul Ivina y de cualquier persona o institución mencionada en esta investigación. Las respuestas que se reciban serán incorporadas a la información.

El vídeo íntegro de la denuncia de Patricio Meñe Micha Abeme está disponible en el canal oficial de BNN África en YouTube.