Marine Le Pen
Marine Le Pen, líder de la extrema derecha en Francia, y ocho eurodiputados de su partido han sido condenados por malversar 2,9 millones de euros de fondos públicos.
Aunque el tribunal aún no ha dictado la sentencia definitiva, esta podría afectar gravemente el futuro político de Le Pen. Además, los 12 asistentes parlamentarios juzgados en el mismo proceso también fueron declarados culpables.
El juicio, celebrado en diciembre pasado, reveló que Le Pen y otros miembros de su partido crearon un sistema ilegal para desviar los fondos que la Unión Europea asignaba a los eurodiputados para pagar a sus asistentes. En lugar de desempeñar sus funciones en el Parlamento Europeo, estos empleados trabajaban parcial o totalmente para el partido en Francia.
Según la investigación, los acusados firmaron «contratos ficticios» para justificar los pagos. «Ha quedado demostrado que esas personas no realizaban tareas asignadas por los eurodiputados, sino que trabajaban para el partido», dictaminó el tribunal. En 2018, el Parlamento Europeo estimó que el perjuicio económico total ascendía a 6,8 millones de euros entre 2004 y 2017.
Los cargos contra Le Pen y los demás implicados incluyen malversación de fondos públicos, encubrimiento y complicidad. La Fiscalía ha solicitado multas de hasta 200.000 euros y la prohibición de presentarse a elecciones durante cinco años, con aplicación inmediata.
De confirmarse esta medida, Le Pen quedaría fuera de la próxima contienda presidencial y tampoco podría integrar un futuro gobierno si su partido lograra el poder.
Entre los condenados también está Louis Aliot, alcalde de Perpiñán, quien podría perder su cargo. La Fiscalía justificó la aplicación inmediata de las sanciones debido a la extensión del proceso y a las maniobras dilatorias de los acusados. «La justicia debe aplicarse en un plazo razonable tras la comisión de los hechos», argumentaron los fiscales.
Un caso que persigue a Le Pen desde hace décadas
Este escándalo acompaña a Marine Le Pen desde que asumió el liderazgo de su partido en 2014. Ese año, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) recibió una denuncia anónima sobre presuntas irregularidades en los contratos de asistentes parlamentarios.
En 2015, las sospechas se confirmaron cuando el propio partido publicó un organigrama en el que figuraban 16 eurodiputados y más de 20 asistentes con funciones políticas en Francia en lugar de Bruselas o Estrasburgo.
Ese mismo año, el entonces presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, informó al Ministerio de Justicia francés, que trasladó el caso a la Fiscalía. La investigación se prolongó durante más de nueve años debido a los recursos legales interpuestos por la defensa y la negativa de los acusados a comparecer ante la justicia.
Entre las pruebas presentadas se encuentra un correo electrónico del tesorero del partido, Wallerand de Saint-Just, dirigido a Le Pen, en el que advertía sobre la crítica situación financiera del partido. «No podremos mantenernos sin grandes ahorros a través del Parlamento Europeo y sin importantes devoluciones del Estado francés», señalaba el mensaje.
Varios exmiembros del partido han declarado que Le Pen ordenó a los eurodiputados contratar solo a un asistente y transferir el resto del presupuesto al partido. La Fiscalía sostiene que Le Pen desempeñó un «papel central» en el sistema de desvio de fondos.
Pese a las pruebas en su contra, Marine Le Pen se ha declarado víctima de una conspiración para acabar con su carrera política. «Si se me impide presentarme a las elecciones antes de agotar los recursos, se trataría de una decisión antidemocrática que priva a los franceses de elegir a su presidente», denunció.
Redacción de BNN ÁFRICA
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