La Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE) vuelve a situarse en el centro de la indignación nacional tras publicar unas tarifas de graduación que muchos ciudadanos califican de abusivas, inmorales y completamente alejadas de la dramática realidad económica que vive el pueblo ecuatoguineano.

Mientras miles de familias luchan diariamente para comer, pagar alquileres o simplemente sobrevivir, la universidad pública del país exige a los estudiantes cantidades desorbitadas para poder recibir un título académico que ya se han ganado con años de esfuerzo, sacrificio y sufrimiento.

Según el comunicado difundido por la Facultad de Ciencias Económicas, Gestión y Administración, cada estudiante deberá pagar:

- 25.000 francos Cefas por el título.

- 50.000 francos Cefas por el alquiler de la toga.

- 300.000 francos Cefas por la compra del traje académico.

El total asciende a la escandalosa cifra de 375.000 francos Cefas.

Sí, 375.000 francos Cefas en un país donde el salario mínimo apenas se sitúa entre 117.304 y 129.035 francos Cefas mensuales. Es decir, para que un hijo pueda graduarse, muchas familias tendrían que entregar el equivalente a más de tres salarios íntegros, en un contexto donde gran parte de la población vive asfixiada por la precariedad, el desempleo y la falta de oportunidades.

La pregunta ya no es solamente económica. La pregunta es moral:

¿Cómo puede una universidad pública financiada con el dinero del pueblo humillar de esta manera al propio pueblo?

La UNGE no pertenece a una élite privada. La UNGE se sostiene gracias a los recursos del Estado, es decir, gracias al dinero de todos los ecuatoguineanos y ecuatoguineanas. Resulta indignante que una institución creada supuestamente para formar a la juventud nacional termine actuando como un negocio elitista que castiga precisamente a los estudiantes más humildes.

Pero la indignación ciudadana aumenta todavía más porque hace pocos años salió a la luz pública el escándalo relacionado con las empresas vinculadas al rectorado de la propia Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Diversas informaciones y auditorías apuntaron a irregularidades fiscales y administrativas en empresas relacionadas con la gestión universitaria, llegando incluso a ordenarse revisiones y suspensiones de algunas entidades ligadas al entorno rectoral.

La población no olvida que, en medio de aquel escándalo, algunas de las explicaciones públicas terminaron reduciéndose prácticamente a disculpas y palabras aduladoras dirigidas al vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue, mientras el pueblo seguía esperando responsabilidades reales y transparencia.

Lo más indignante para muchos ciudadanos es que, pese a haberse reconocido públicamente irregularidades y delitos fiscales, el rector continuó manteniéndose en el cargo, sin que hasta hoy se haya demostrado públicamente la devolución del dinero presuntamente defraudado al fisco.

Y aquí surge otra pregunta profundamente incómoda para la sociedad ecuatoguineana:

¿Qué ejemplo moral puede ofrecer el rector de una universidad pública si reconoce irregularidades o delitos fiscales mientras después exige sacrificios económicos extremos a estudiantes pobres?

Porque pagar impuestos no es un simple trámite burocrático. Los impuestos sostienen hospitales, escuelas, carreteras, becas, infraestructuras universitarias, salarios públicos y servicios sociales. Los impuestos son precisamente el mecanismo que debería permitir que jóvenes humildes puedan estudiar y graduarse sin que sus familias tengan que endeudarse o vivir en la miseria.

Cada franco Cefas que se evade, se oculta o se deja de ingresar al Estado es dinero que deja de invertirse en educación, empleo juvenil, ayudas sociales y oportunidades para miles de estudiantes ecuatoguineanos.

Por eso, muchos ciudadanos consideran especialmente doloroso que ahora se pretenda cargar sobre las espaldas de familias humildes el peso económico de una universidad pública, mientras durante años ciertas élites vinculadas al poder universitario fueron señaladas por prácticas fiscales irregulares.

Si los recursos públicos hubieran sido gestionados correctamente y si cada responsable hubiese cumplido con sus obligaciones fiscales, probablemente hoy miles de familias no tendrían que apretarse el cinturón para pagar graduaciones abusivas ni sentirse humilladas por precios completamente fuera de la realidad nacional.

El caso más insultante sigue siendo el del traje académico: 300.000 francos Cefas por una vestimenta ceremonial en un país donde muchísimas familias no consiguen reunir ni siquiera esa cantidad en varios meses de trabajo. Mientras algunos hogares apenas pueden garantizar tres comidas al día, las autoridades universitarias parecen más preocupadas por imponer protocolos de lujo que por defender el derecho a la educación.

Esto no es educación pública. Esto es exclusión social institucionalizada.

Y todo esto ocurre apenas poco tiempo después de la visita del Papa a Guinea Ecuatorial, un momento en el que se habló de humildad, justicia social, solidaridad y compromiso con los más desfavorecidos. Sin embargo, viendo estas decisiones de la UNGE, muchos ciudadanos se preguntan si las autoridades universitarias realmente escucharon aquel mensaje o simplemente decidieron ignorarlo por completo.

Porque exigir cientos de miles de francos Cefas a familias humildes para permitir que sus hijos se gradúen no refleja ni sensibilidad social, ni empatía, ni compromiso con el pueblo. Refleja exactamente lo contrario: una desconexión alarmante con la realidad que vive la mayoría de los ecuatoguineanos.

Miles de padres llevan años sacrificándose para enviar a sus hijos a la universidad. Algunos venden terrenos, otros se endeudan y muchos renuncian a necesidades básicas con la esperanza de ofrecer un futuro digno a sus hijos. Después de tantos sacrificios, descubrir que graduarse depende ahora de pagar cifras abusivas representa una auténtica bofetada para las familias ecuatoguineanas.

La gravedad del asunto aumenta porque Guinea Ecuatorial atraviesa desde hace años una realidad marcada por el desempleo juvenil, la desigualdad y la falta de oportunidades laborales para miles de graduados. Muchos jóvenes terminan sus estudios sin empleo y sin perspectivas claras de futuro. Sin embargo, incluso antes de salir al mercado laboral, ya se les impone una carga económica completamente desproporcionada.

La ciudadanía tiene derecho a exigir respuestas inmediatas:

- ¿Quién autorizó semejantes tarifas?

- ¿En qué se justifica cobrar 300.000 francos Cefas por un traje académico?

- ¿Dónde terminará todo ese dinero?

- ¿Por qué una universidad pública no garantiza una graduación accesible para todos?

- ¿Desde cuándo recibir un título universitario se convirtió en un privilegio reservado para hijos de familias adineradas?

Cada vez más ciudadanos consideran que estas decisiones reflejan una desconexión total entre las autoridades universitarias y la realidad que vive el pueblo. Porque mientras las familias cuentan monedas para sobrevivir, la universidad pública parece decidida a convertir la educación superior en un lujo reservado para unos pocos.

La educación debería ser una herramienta de igualdad y progreso nacional. Pero con decisiones como esta, la UNGE corre el riesgo de convertirse en el símbolo de una profunda injusticia social donde el dinero vale más que el mérito, el esfuerzo y el sacrificio de la juventud ecuatoguineana.