La investigación sobre presuntas prácticas de corrupción en la Corte Suprema de Justicia de Guinea Ecuatorial ha incorporado un nuevo testimonio que podría reforzar las pesquisas abiertas sobre el funcionamiento interno del máximo órgano judicial del país.

Gerardo Yangani Obama compareció ante la comisión encargada de esclarecer los hechos y relató una serie de acontecimientos que, de confirmarse, apuntarían a la existencia de supuestos intermediarios vinculados al entorno judicial en la ejecución de determinadas resoluciones.

Según su declaración, una ejecución judicial reconocía a su favor el pago de 75 millones de francos cefas por parte de la empresa Project. Sin embargo, aseguró que encontró dificultades para hacer efectivo el cobro, lo que le llevó a trasladar personalmente su situación al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ewing Yamamikwe.

De acuerdo con el testimonio recogido por la comisión, el magistrado le habría transmitido que intentaría ayudarle a resolver el asunto, aunque dejando entrever que debía "acordarse" de quienes intervinieran en el proceso una vez recibiera el dinero. Yangani afirma haber interpretado aquellas palabras como una petición implícita de compensación económica.

El testigo sostiene que, tras varias comunicaciones procedentes del entorno del presidente interesándose por la evolución del expediente, el pago finalmente fue autorizado. No obstante, la cantidad desembolsada fue inferior a la inicialmente reconocida: en lugar de los 75 millones de francos cefas, recibió un cheque por valor de 66 millones de francos cefas.

Tras hacer efectivo el cobro en una entidad bancaria de Bata, asegura que fue abordado por un hombre y una mujer que afirmaron actuar en representación de la Corte Suprema. Convencido de que se trataba de las personas a las que se había hecho referencia previamente, Yangani sostiene que entregó 15 millones de francos cefas.

Durante el desarrollo de la investigación, la comisión habría sometido al testigo a un proceso de reconocimiento fotográfico. Según su relato, identificó al hombre que recibió el dinero como Hilario Alfonso Elá Asumu Mbán, director general de Gabinete del presidente de la Corte Suprema, quien, de acuerdo con la información manejada por los investigadores, se encontraría actualmente en España.

Yangani afirma además que, una vez realizada la entrega del dinero, dejó de recibir llamadas relacionadas con el procedimiento, lo que interpretó como el cierre definitivo del caso. Sin embargo, asegura que la situación cambió tras el inicio de las investigaciones.

Según declaró ante la comisión, recibió al menos cinco llamadas telefónicas posteriores, algunas atribuidas al propio presidente de la Corte Suprema, interesándose por los nombres revelados durante sus declaraciones y por la identidad de las personas a quienes entregó los 15 millones de francos cefas.

A raíz de estas revelaciones, la comisión investigadora habría decidido intensificar las pesquisas y adoptar medidas de protección para el testigo, al considerar que podría encontrarse en una situación de riesgo debido a las presuntas amenazas denunciadas.

Asimismo, se estudia la posibilidad de que Yangani reciba la diferencia entre la cantidad inicialmente reconocida y la finalmente percibida, mientras continúan las diligencias para determinar el alcance de las responsabilidades que pudieran derivarse de este caso.

La investigación permanece abierta y, hasta el momento, ninguna de las personas mencionadas en este testimonio ha sido condenada por estos hechos. Las acusaciones continúan siendo objeto de examen por parte de las autoridades competentes.