La investigación sobre los denominados "bienes mal adquiridos" da un nuevo paso tras más de una década de pesquisas. La Fiscalía Nacional Financiera de Francia considera que existen elementos suficientes para llevar a juicio a BNP Paribas, a varios miembros de la familia del fallecido presidente gabonés Omar Bongo y a otras personas y sociedades por presuntos delitos de blanqueo de capitales y gestión de patrimonio de origen ilícito.
La Fiscalía Nacional Financiera (PNF) de Francia ha solicitado la apertura de un juicio contra el banco BNP Paribas, varios hijos del expresidente gabonés Omar Bongo Ondimba, diversas sociedades inmobiliarias y otros investigados en el marco del conocido caso de los "bienes mal adquiridos", una de las mayores investigaciones judiciales sobre presunta corrupción y blanqueo de capitales vinculada a dirigentes africanos.
Según la acusación, entre 1996 y 2008 se habrían empleado al menos 35 millones de euros de presunto origen ilícito para adquirir un importante patrimonio inmobiliario en Francia mediante una compleja estructura societaria, en la que figura la empresa gabonesa Atelier 74.
La Fiscalía sostiene que BNP Paribas habría permitido la circulación de estos fondos sin activar los mecanismos de control exigidos por la normativa contra el blanqueo de capitales. Por ello, solicita que la entidad financiera sea juzgada por un presunto delito de blanqueo agravado. El banco ha reconocido deficiencias en algunos procedimientos internos, pero rechaza haber participado deliberadamente en actividades ilícitas.
La petición de la Fiscalía también alcanza a 18 personas, entre ellas varios hijos del fallecido presidente Omar Bongo, además de cuatro sociedades relacionadas con la gestión de los activos investigados.
Una investigación iniciada hace más de quince años
El procedimiento judicial comenzó en 2010, tras una denuncia presentada por Transparency International France, que cuestionó el origen del patrimonio acumulado por varias familias gobernantes africanas en territorio francés.
Desde entonces, la investigación ha permitido la incautación de decenas de propiedades inmobiliarias, valoradas en varios millones de euros, que las autoridades consideran presuntamente adquiridas con fondos desviados del Estado gabonés.
La decisión final corresponde al juez
La solicitud presentada por la Fiscalía no supone una condena. Será ahora un juez de instrucción quien determine si existen fundamentos suficientes para abrir un juicio oral contra los investigados.
Mientras no exista una sentencia firme, todas las personas y entidades mencionadas mantienen la presunción de inocencia, conforme al ordenamiento jurídico francés.
La evolución de este caso será seguida de cerca tanto en Gabón como en Francia, ya que podría convertirse en uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con la gestión de patrimonios de antiguos dirigentes africanos y las obligaciones de control de las grandes entidades financieras internacionales.
