BNN África | Análisis

Una nueva ola de legislaciones restrictivas contra las personas LGBTQ+ se extiende por África occidental, profundizando el retroceso de los derechos y libertades de las minorías sexuales en una región donde la homosexualidad ya estaba ampliamente criminalizada.

En un continente compuesto por 54 Estados soberanos, apenas una veintena no penaliza actualmente las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo. Sin embargo, en los últimos meses, varios gobiernos han ido más allá de las leyes heredadas de la época colonial y han impulsado nuevas normativas que endurecen las sanciones, amplían los delitos relacionados con la orientación sexual y refuerzan un discurso político basado en la defensa de los denominados "valores tradicionales".

Detrás de este fenómeno convergen factores políticos, religiosos y geopolíticos que explican por qué numerosos líderes africanos han situado la cuestión LGBTQ+ en el centro del debate público.

Una sucesión de leyes cada vez más severas

El precedente más significativo fue establecido por Uganda en 2023, cuando aprobó una de las legislaciones anti-LGBTQ+ más estrictas del mundo. La norma contempla incluso la pena de muerte para determinados supuestos catalogados como "homosexualidad agravada", una medida que provocó una fuerte condena internacional y abrió un intenso debate sobre derechos humanos en el continente.

Desde entonces, otros países han seguido una trayectoria similar.

En septiembre de 2025, Burkina Faso incorporó en su legislación la penalización explícita de las relaciones entre personas del mismo sexo, estableciendo penas de prisión de hasta cinco años.

Meses antes, en febrero, Níger aprobó un nuevo Código Penal que castiga severamente las uniones entre personas del mismo sexo, con condenas que pueden alcanzar los veinte años de prisión en determinados supuestos.

En marzo, Senegal endureció significativamente su marco legal al duplicar las penas existentes por relaciones homosexuales, elevándolas de cinco a diez años de cárcel.

Por su parte, el Parlamento de Ghana aprobó en mayo un controvertido proyecto legislativo que prevé penas de hasta tres años de prisión para quienes mantengan relaciones entre personas del mismo sexo y hasta cinco años para quienes sean acusados de "promover" o defender públicamente estos derechos.

Aunque cada país presenta particularidades jurídicas y contextos políticos diferentes, el patrón regional evidencia un endurecimiento coordinado del discurso y de la acción legislativa.

Política interna y búsqueda de respaldo popular

Diversos analistas consideran que estas iniciativas responden, en parte, a cálculos políticos internos.

La activista ugandesa de derechos humanos Agather Atuhaire sostiene que muchos dirigentes conocen el elevado rechazo social hacia la homosexualidad existente en sus sociedades y recurren a este asunto para fortalecer su legitimidad.

"Los políticos saben que gran parte de la población mantiene posiciones profundamente homófobas y utilizan esta cuestión para ganar respaldo popular", ha señalado en declaraciones recogidas por AFP.

La experta franco-senegalesa Marame Kane coincide en este diagnóstico y advierte que las personas LGBTQ+ se han convertido con frecuencia en "chivos expiatorios" utilizados para desviar la atención pública de problemas más urgentes, como la inflación, el desempleo, la inseguridad o la corrupción.

El caso de Senegal ilustra esta dinámica. La aprobación de una legislación más severa llegó en un contexto marcado por crecientes expectativas sociales hacia el presidente Bassirou Diomaye Faye y el entonces primer ministro Ousmane Sonko, enfrentados a una compleja situación económica y a un creciente malestar ciudadano.

Para el escritor y sociólogo senegalés El Hadj Souleymane Gassama, recurrir a este debate permitió movilizar consensos en una sociedad profundamente conservadora.

"Se acudió a uno de los pocos temas capaces de generar unanimidad, más allá de las divisiones políticas", sostiene.

El peso de la religión y del conservadurismo

La dimensión religiosa constituye otro elemento fundamental para comprender esta tendencia.

En numerosos países africanos, tanto las comunidades musulmanas como las cristianas ejercen una importante influencia sobre la vida política y social. Los líderes religiosos suelen presentar la homosexualidad como incompatible con los principios morales y culturales predominantes.

A ello se suma la creciente actividad de organizaciones conservadoras transnacionales. Algunos investigadores sostienen que determinados movimientos religiosos estadounidenses han contribuido, mediante campañas de financiación y apoyo ideológico, a reforzar discursos contrarios a los derechos LGBTQ+ en varios países africanos.

Aunque la magnitud exacta de esa influencia sigue siendo objeto de debate académico, expertos como Marame Kane consideran que dichos apoyos han acelerado determinados procesos legislativos.

Rechazo a Occidente y disputa geopolítica

Más allá de la política doméstica, el endurecimiento legislativo refleja también una transformación del contexto geopolítico africano.

Para el antropólogo marfileño Stephane Ballet Djedje, la defensa de los derechos LGBTQ+ ha sido presentada por numerosos actores políticos como un símbolo de una supuesta imposición cultural occidental sobre África.

En este relato, la homosexualidad deja de abordarse exclusivamente como una cuestión de derechos individuales para convertirse en un marcador de soberanía cultural y resistencia frente a influencias externas.

Este discurso ha cobrado fuerza especialmente en África occidental, donde el sentimiento antioccidental ha aumentado en paralelo al deterioro de las relaciones entre antiguas potencias coloniales, como Francia, y varios países de la región gobernados actualmente por juntas militares, entre ellos Burkina Faso, Malí y Níger.

Djedje considera además que esta evolución forma parte de una tendencia global más amplia caracterizada por el resurgimiento del conservadurismo y por intentos de restaurar modelos sociales considerados tradicionales.

Una respuesta internacional limitada

La reacción de la comunidad internacional ha sido, hasta ahora, relativamente contenida.

Aunque organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradamente estas medidas, las respuestas diplomáticas han oscilado entre la preocupación formal y la cautela estratégica.

En Ghana, por ejemplo, el presidente John Dramani Mahama se enfrenta al difícil equilibrio entre atender las demandas de poderosos sectores nacionales favorables al proyecto legislativo y preservar las relaciones con socios e instituciones internacionales como el Banco Mundial.

El desafío pone de manifiesto una realidad compleja: mientras los gobiernos reivindican la defensa de la soberanía cultural y de los valores tradicionales, activistas y organizaciones de derechos humanos advierten de que millones de africanos pertenecientes a minorías sexuales continúan viendo restringidos sus derechos fundamentales.

La evolución de esta ofensiva legislativa será determinante para definir el futuro del debate sobre derechos humanos en África occidental y para medir hasta qué punto la política identitaria seguirá utilizándose como instrumento de cohesión interna en un continente inmerso en profundas transformaciones sociales y geopolíticas.