Un tribunal federal determina que los migrantes deben ser informados del país al que serán enviados y disponer de una oportunidad real para alegar riesgo de persecución o tortura. La decisión alcanza una política que también ha llevado deportados estadounidenses hasta Guinea Ecuatorial.
BNN África | Washington / Malabo
La política estadounidense de deportaciones a terceros países acaba de recibir un importante revés judicial.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos confirmó este 18 de septiembre que el Departamento de Seguridad Nacional debe ofrecer garantías básicas antes de trasladar a una persona a un país distinto del contemplado originalmente en su procedimiento migratorio.
La decisión no prohíbe que Estados Unidos deporte personas a terceros países. Lo que establece es que las autoridades deben comunicar de manera efectiva cuál será el destino y proporcionar una oportunidad real para que el afectado pueda oponerse si considera que allí corre riesgo de persecución o tortura.
El caso, conocido como D.V.D. contra Department of Homeland Security, cuestionó las directrices adoptadas por el Gobierno estadounidense en 2025 para ejecutar este tipo de expulsiones.
Según Reuters, en determinados casos los migrantes podían recibir un aviso con apenas unas horas de antelación antes de ser trasladados. El tribunal consideró insuficiente un procedimiento que no garantizara una posibilidad efectiva de presentar una reclamación relacionada con su seguridad.
Documento original
Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito
↓ Descargar resolución completaGuinea Ecuatorial entra en el foco
La resolución tiene especial relevancia para África y, particularmente, para Guinea Ecuatorial.
El país centroafricano forma parte de los Estados que han recibido personas deportadas desde Estados Unidos dentro de esta estrategia migratoria. Otros países africanos también han participado en distintos acuerdos o traslados vinculados a esta política.
Associated Press informó además de que más de 40 personas deportadas desde Estados Unidos habían sido enviadas a Guinea Ecuatorial, en el marco de un acuerdo valorado en 7,5 millones de dólares. Parte de ellas permanecieron alojadas bajo vigilancia en instalaciones situadas en las proximidades de Malabo.
La situación adquirió mayor atención internacional después de que abogados y organizaciones de derechos humanos denunciaran presuntos malos tratos contra dos de los deportados, Ahmed Soliman, ciudadano egipcio, y Samson Birhane, de origen eritreo. Las acusaciones fueron recogidas por Associated Press y corresponden a las versiones de sus representantes legales y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Qué cambia realmente
El fallo no obliga automáticamente a devolver a Estados Unidos a las personas que ya han sido trasladadas a Guinea Ecuatorial. Tampoco invalida todos los acuerdos estadounidenses con terceros países.
Su efecto principal está en el procedimiento. Antes de ejecutar una deportación hacia un tercer Estado bajo las directrices cuestionadas, las autoridades estadounidenses deben garantizar una notificación efectiva y permitir que la persona pueda plantear de manera significativa un posible riesgo de persecución o tortura en el país de destino.
El tribunal anuló además las directrices del Departamento de Seguridad Nacional en la medida en que no cumplían esas garantías, aunque rechazó otra parte de la demanda relacionada con el orden que debía seguir Washington para seleccionar los países de deportación.
La dimensión de esta política es considerable. Reuters señala que más de 25.000 migrantes han sido trasladados a terceros países, muchos de ellos a México, pero también a diferentes Estados de África y otras regiones.
La Administración estadounidense defiende estas deportaciones como una herramienta para ejecutar órdenes de expulsión cuando existen dificultades para enviar a una persona a su país de origen. Los demandantes sostienen, por su parte, que ese mecanismo debe aplicarse respetando las garantías previstas frente a posibles situaciones de persecución o tortura.
La batalla judicial podría continuar. Reuters señala que el caso puede volver a llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Para Guinea Ecuatorial, la decisión vuelve a situar bajo atención internacional un acuerdo migratorio que ha conectado directamente al país con una de las políticas de deportación más controvertidas de Washington.
El debate jurídico ya no gira únicamente alrededor de dónde puede enviar Estados Unidos a una persona con una orden definitiva de expulsión. También plantea una cuestión fundamental: qué garantías debe recibir antes de ser trasladada a un país que nunca formó parte de su procedimiento migratorio original.
Fuentes fundamentales
Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, sentencia D.V.D. v. Department of Homeland Security, 18 de septiembre de 2026.
Reuters, información sobre la sentencia y la política estadounidense de deportaciones a terceros países, 18 de septiembre de 2026.
Associated Press, información sobre los deportados trasladados desde Estados Unidos a Guinea Ecuatorial.
