Las autoridades brasileñas detuvieron este sábado al expresidente Jair Bolsonaro después de que los sistemas de control penitenciario detectaran una manipulación deliberada en la tobillera electrónica que debía portar como parte de las medidas cautelares impuestas por el Supremo Tribunal Federal (STF). La información fue confirmada por la Agencia EFE, citando fuentes judiciales y policiales plenamente conocedoras del operativo.

La intervención se ejecutó de manera inmediata, siguiendo la orden dictada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien consideró que la violación del dispositivo de monitoreo revelaba un riesgo inminente de fuga. La actuación se llevó a cabo con estricta reserva operativa, sin exposición mediática y bajo los protocolos de seguridad habituales en detenciones de alto impacto institucional.

Bolsonaro, condenado recientemente por su implicación en un intento de subvertir el orden constitucional tras las elecciones de 2022, permanecía bajo arresto domiciliario desde agosto. Entre las condiciones establecidas por la Justicia figuraban la prohibición expresa de utilizar redes sociales, restricciones de comunicación con diplomáticos y colaboradores investigados, así como la obligación permanente de portar la tobillera electrónica que ahora habría intentado vulnerar.

Según fuentes citadas por EFE, la manipulación del dispositivo se produjo en un contexto particularmente sensible: en las inmediaciones de su residencia se concentraban simpatizantes convocados por uno de sus hijos, un escenario que —a juicio del STF— podía facilitar un eventual intento de fuga en medio de un entorno de agitación política.

La defensa del exmandatario ha vuelto a denunciar una supuesta motivación política detrás de las actuaciones judiciales. Sin embargo, la Corte Suprema sostiene que la integridad del sistema democrático exige respuestas firmes ante cualquier quebrantamiento de controles, más aún cuando se trata de un actor político con capacidad de movilización nacional.

La detención de Bolsonaro abre un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre el expresidente y el aparato judicial brasileño y proyecta un impacto político significativo en un país aún marcado por la polarización. El STF, por su parte, insiste en que actuará con “plena responsabilidad institucional” y que ninguna figura pública —sea cual sea su relevancia histórica o electoral— está por encima del cumplimiento estricto

de la ley.