Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental son los únicos territorios africanos que fueron parte directa del Estado español. No son antiguas colonias del siglo XIX, sino provincias que pertenecieron jurídicamente a España hasta hace apenas unas décadas: Guinea Ecuatorial hasta 1968, el Sáhara Occidental hasta 1975. Sin embargo, hoy son también los territorios más invisibilizados dentro del espacio hispanohablante.
España habla constantemente de América Latina como su “familia cultural”. Comparte lengua, historia, migraciones, negocios y emociones con ese continente. Pero guarda un silencio casi absoluto sobre África cuando África habla en español.
Ese silencio no es neutral. Es político.
Guinea Ecuatorial vive bajo uno de los regímenes más largos y represivos del mundo. La falta de libertades, la persecución de la disidencia, el control de los medios y las violaciones sistemáticas de derechos humanos están documentadas por organismos internacionales. Pero en España esto apenas genera debate público, presión política ni cobertura informativa sostenida.
Mientras tanto, la élite política y económica española no deja de hacer negocios con las élites gobernantes de Guinea Ecuatorial y Marruecos: contratos energéticos, acuerdos estratégicos, inversiones, cooperación policial, venta de tecnología y alianzas diplomáticas. Relaciones orientadas a beneficios económicos y geopolíticos que poco o nada tienen que ver con las necesidades reales de la población.
Se produce así una contradicción profunda:
➡ Se ignora a los pueblos, pero se corteja a las élites.
➡ Se silencia a las sociedades, pero se legitima a los gobiernos.
Mientras los dirigentes y las clases privilegiadas de estos países tienen vía libre para entrar y salir de España, la población común encuentra cada vez más barreras: visados restrictivos, trámites opacos, rechazos sistemáticos y una sospecha permanente sobre sus intenciones.
Esto resulta aún más injusto si se considera que la migración procedente de Guinea Ecuatorial y de otros países africanos hispanohablantes es una de las más estables, serias y orientadas al trabajo del continente. No se trata de flujos desordenados ni de poblaciones que busquen vivir de ayudas públicas, sino de personas que emigran para trabajar, estudiar, emprender y contribuir. Y, sin embargo, estas realidades quedan sistemáticamente ninguneadas.
No solo se les cierran fronteras: también se les cierran espacios simbólicos. Se les ofrece muy poca presencia en los medios, en el debate cultural, en la academia, en las instituciones y en la narrativa colectiva. Existen en la estadística, pero no en el relato.
América Latina es percibida como parte “natural” del mundo hispano. África no. Incluso cuando África habla español y fue jurídicamente parte de España hasta hace pocas décadas, sigue siendo tratada como ajena. Las poblaciones negras hispanohablantes no encajan en la imagen dominante de lo que se considera “hispano”. Esto es racialización estructural: no es el racismo del insulto, sino del silencio, de no mirar, de no escuchar.
Para muchos ecuatoguineanos y saharauis, esta exclusión se vive como una doble violencia: la que sufren dentro de sus países y la que padecen fuera cuando el mundo que comparte su lengua decide no reconocerlos como parte legítima de esa comunidad.
España no ha hecho aún un trabajo serio de memoria sobre su pasado colonial africano. Ha preferido enterrarlo antes que elaborarlo. Y mientras ese pasado no se nombre, seguirá produciendo desigualdad simbólica en el presente.
Reconocer a Guinea Ecuatorial y al Sáhara Occidental no es una concesión política. Es una obligación ética. Significa aceptar que el mundo hispano no es solo europeo ni americano, sino también africano. Que la lengua española no pertenece a una raza ni a un continente. Que las voces negras hispanohablantes no son periféricas, sino parte legítima de la comunidad lingüística y cultural.
África no está pidiendo caridad. Está exigiendo reconocimiento. Y el reconocimiento empieza por algo muy simple: escuchar cuando África habla en español.
